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Esquina de los Derechos Humanos

Situación de los Derechos Humanos en Honduras

27 de abril de 2010

Los Estados Unidos consideran que hubo un serio deterioro a la protección de los derechos humanos en Honduras después el golpe de estado del 28 de junio, e instó al régimen de facto a respetar las libertades fundamentales de miembros de la prensa y de los ciudadanos hondureños particulares y continuará llamando a la protección de los derechos humanos durante la administración del presidente Porfirio "Pepe" Lobo.  La política estadounidense radica en el apoyo inquebrantable a la democracia, el estado de derecho, y el respeto a los derechos humanos.  La democracia y el buen gobierno son elementos indispensables para lograr alcanzar la estabilidad, la paz y el desarrollo.  Una de las prioridades principales para la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa es nuestra defensa por el respeto a los derechos humanos.

Entre las acusaciones de abusos a los derechos humanos desde el 28 de junio de 2009 se incluyeron los arrestos arbitrarios; la utilización desproporcionada de la fuerza como las golpizas e incidentes que han resultado en la pérdida de vidas humanas; la disminución de la mínima protección con la cual se contaba el 28 de junio en materia de derechos humanos hacia las comunidades vulnerables de Honduras, incluyendo mujeres, las comunidades indígenas, la comunidad gay-lésbica, y las comunidades afro-indígenas; violaciones a la libre expresión de individuos y los medios de comunicación, y amenazas en contra de periodistas y opositores al régimen de facto.

La Embajada de los Estados Unidos ha estado siguiendo la situación de cerca, y repetidamente ha expresado su preocupación a la oficina del Fiscal General de República, así como también a las personas que estaban cerca del régimen de facto y exigió que se investigaran ampliamente todas las acusaciones serias para que aquellas personas sospechosas de estos crímenes fueran llevados a la justicia.  La Embajada de los Estados Unidos se reúne personalmente con muchas de las organizaciones de derechos humanos en Honduras de manera regular, y se ha reunido con muchas delegaciones que han visitado Honduras procedentes de los Estados Unidos, así como de otros países, para escuchar sobre sus experiencias y para expresar la preocupación de los Estados Unidos con respecto a las violaciones de los derechos humanos.

La Embajada, junto con otros miembros de los países donantes del G-16, se reunió con el Fiscal General y su equipo de trabajo el 1 de julio para expresarle su preocupación en relación a las violaciones de derechos humanos inmediatamente después del golpe de estado.  Además, los Estados Unidos dieron a conocer un comunicado de prensa el 3 de julio en el cual expresaron "su profunda preocupación" en relación a las restricciones impuestas en contra de los derechos civiles fundamentales por parte del régimen de facto, así como los reportes de intimidación y  censura contra varios individuos y medios de comunicación.  El comunicado de prensa del 3 de julio decía: “No hay posibilidad de sacar al país adelante por el camino democrático si a la gente se le restringe el acceso a la información y el derecho a expresar sus opiniones sin miedo a represalias”.

La Embajada jugó un papel preponderante en la elaboración de una carta con fecha del 12 de agosto, preparada conjuntamente con los demás países donantes del G-16 a fin de expresar su preocupación con respecto a supuestas violaciones de derechos humanos al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General, al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y al Director General de la Policía Nacional.  En lo que respecta a supuestas interferencias contra la libertad de expresión, el Embajador Llorens expresó su preocupación en varias ocasiones a Miguel Rodas, el director de facto de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y a Sandra Ponce, la Fiscal Especial de los Derechos Humanos.

Una situación preocupante que se desarrolló desde el golpe de estado el pasado 28 de junio fue la utilización por parte del régimen de facto de decretos para limitar los derechos de los hondureños.  El 28 de septiembre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos  públicamente expresó su gran preocupación con respecto al decreto emitido el 26 de septiembre por el régimen de facto, el cual suspendía los derechos civiles fundamentales y los derechos políticos.  Los esfuerzos de cabildeo por parte de la Embajada de los Estados Unidos contribuyeron para que el 5 de octubre el decreto en mención fuera finalmente derogado.

Es prioridad de la Embajada expresar nuestra preocupación con respecto a las violaciones de los derechos humanos en cada oportunidad que se presente.  El 29 de septiembre, en una entrevista en la radio HRN de Honduras, el Embajador Llorens nuevamente reiteró la importancia de la protección a los derechos humanos y criticó el decreto que suspendió los derechos civiles fundamentales y políticos, expresando la preocupación del gobierno de los Estados Unidos sobre el decreto.  El mensaje ha sido claro y consistente por parte de la Embajada y el Departamento de Estado, donde el tema de los derechos humanos ha sido discutido al menos cincuenta veces en el transcurso de informes de prensa que se realizan a diario con el portavoz del Departamento de Estado.  Craig Kelly, el Principal Secretario Asistente Adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental dio declaraciones a la prensa en Tegucigalpa el 18 de noviembre y dijo: “En la preparación para las elecciones, es muy importante que las autoridades respeten los derechos humanos.  De igual manera, es importante que todos los actores eviten provocaciones, llamados a la violencia, porque lo que el país necesita es la tranquilidad, un ambiente de paz para avanzar ante esa fecha tan importante para el país”.  El Representante Permanente Alterno Amselem expresó el pasado 19 de noviembre la preocupación de los Estados Unidos sobre la situación los derechos humanos en Honduras durante una reunión especial del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y llamó a que todas las partes respeten los derechos fundamentales.

Los Estados Unidos reconoció la difícil situación que Honduras enfrentaba el día de la elecciones el pasado 29 de noviembre y afirmó que no se registraron reportes generalizados o acusaciones de actos de violencia o la imposibilidad por parte de los hondureños de poder ejercer su derecho al sufragio pacíficamente.  Se realizaron dos misiones electorales independientes de evaluación con expertos de renombre internacional en la evaluación de los aspectos técnicos electorales en Honduras el día de las elecciones generales.  El Instituto Nacional Democrático (NDI) (PDF 126 KB) concluyó que "el día de las elecciones trascendió en paz general y orden.  No se reportaron problemas sistemáticos en el proceso por parte de los monitores hondureños de las elecciones generales o por parte de los candidatos políticos".  El equipo del Instituto Internacional Republicano (IRI) concluyó que sus miembros "fueron testigos de un proceso electoral libre de violencia o de claros casos de intimidación."  Adicionalmente, la coalición de monitoreo doméstico Hagamos Democracia, la cual desplegó observadores a nivel nacional y realizó una muestra estadística válida de todos los centros de votación, observó que más del 99% de los votantes no experimentaron problemas en el ejercicio de su derecho a ejercer el sufragio.

Además, la Embajada envió equipos a 16 departamentos de Honduras el día de las elecciones generales los que reportaron condiciones consistentes con las conclusiones del NDI y del IRI.  A pesar que inicialmente se sobreestimó, el resultado final de número de votantes oficialmente verificado fue de aproximadamente 50 por ciento, que es consistente con los resultados de número de votantes que se han registrado en el pasado en Honduras.  Felicitamos a los hondureños que vieron las elecciones como una parte importante de la solución de la crisis política en su país.

El artículo 21 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos afirma el derecho de cada persona de expresar sus derechos políticos mediante el voto.  El proceso electoral se inició en septiembre de 2008 mucho antes del golpe de estado y los magistrados electorales fueron seleccionados antes del golpe.  La elección del presidente, de los diputados y de los alcaldes, contenida en la Constitución de Honduras, fue una expresión inalienable del deseo soberano de los ciudadanos de Honduras.

Nos complace el acuerdo del 19 de enero de 2010, entre el presidente Lobo y el presidente Fernández de la República Dominicana en el cual el presidente Lobo se comprometió a "dirigir un gobierno que respeta los derechos humanos, en el cual el ciudadano gozará de las libertades civiles y en el que ningún ciudadano hondureño será perseguido por sus convicciones políticas, religiosas o de otra índole".  Tomamos nota que la ley de amnistía aprobada por el Congreso el 26 de enero de 2010 no perdona el crimen de violación de derechos humanos.

La Embajada de los Estados Unidos expresó su gran preocupación el pasado 2 de marzo sobre los incidentes recientes en los cuales parecía que individuos que expresaron su opinión política, en particular en lo que respecta al golpe de estado del 28 de junio, fueron blanco de intimidación y violencia.  El Representante Permanente Alterno de los Estados Unidos,  W. Lewis Anselem, condenó los asesinatos el pasado 17 de marzo durante una reunión del Consejo Permanente de la OEA.  El señor Anselem dijo: "estamos sumamente preocupados sobre los recientes acontecimientos durante los cuales aparece que personas que expresaron sus opiniones políticas personales, particularmente con referencia al golpe de estado del 28 de junio - fuera en pro o en contra - se convierten en blanco de la violencia y la intimidación.  Tal y como dijimos aquí el mes pasado, la libertad de expresión es parte fundamental en la preservación de la democracia, y limitar esas libertades constituye el ataque a la democracia misma".

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el 11 de marzo pasado el Informe Anual de País para el 2009 sobre las Prácticas de los Derechos Humanos en Honduras (PDF 222 KB) para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.  En un comunicado de prensa ese mismo día, la Embajada nuevamente manifestó su preocupación sobre el deterioro en la situación de los derechos humanos seguidamente del golpe de junio y se comprometió para trabajar con el Presidente Lobo para mejorar la protección de los derechos humanos.

En una entrevista el 23 de marzo con Diario "El Heraldo" y también en una entrevista televisiva el 18 de abril, el Embajador Llorens nuevamente reiteró la posición de los Estados Unidos de que era evidente el deterioro significativo en los derechos humanos después del golpe de junio y que la Embajada de los Estados Unidos había pedido la realización de la correspondiente investigación y subsiguiente proceso criminal para responsables.  El Embajador Llorens agregó que los Estados Unidos estaba satisfecho con recientes accciones por parte del Presidente Lobo comprometiendo a su administración para velar por la protección de los derechos humanos.  El 18 de febrero, el Presidente Lobo firmó la Declaración de Chapultepec, comprometiendo al gobierno de Honduras a respetar la libertad de prensa y de expresión; el Secretario de Estado de Seguridad, Oscar Álvarez, expresó públicamente el 4 de marzo su compromiso a realizar una completa investigación de los hechos, incluyendo el establecimiento de un grupo especial de investigación, de recientes casos de violencia cometidos supuestamente por  la policía.  El Presidente Lobo creó el 12 de marzo la oficina de un Asesor Presidencial para los Derechos Humanos; el gobierno del Presidente Lobo anunció el 8 de abril que tiene la intención de crear una entidad que opere como observatorio para los derechos humanos para poder coordinar mejor las respuestas del gobierno a las acusaciones de abusos de los derechos humanos.

Seguimos de cerca la situación de los periodistas y notamos con preocupación que siete han sido asesinados en Honduras desde 1 de marzo.  El Embajador Llorens dijo a la prensa el 21 de abril en Tegucigalpa que la libertad de prensa es fundamental y los EE.UU. espera que las autoridades rápidamente investiguen y encuentren los responsables de estos crímenes preocupantes.

La Embajada de los Estados Unidos desea trabajar con la Asesora Presidencial para Derechos Humanos Ana Pineda, así como con el resto del gobierno del Presidente Lobo y continuará exigiendo que las autoridades investiguen completamente y procesen todas las violaciones
a los derechos humanos relevantes al golpe de estado, tal y como hacemos con todas las violaciones de los derechos humanos.

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